Podemos considerar “terrorismo de Estado” a la utilización ilegítima, por parte de los dirigentes de un país, del dinero público y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (policía, guardia civil, ejercito) para alcanzar objetivos o provocar comportamientos en la población civil, que no se alcanzarían fácilmente o no se cumplirían voluntariamente si no mediara el miedo o “terror” inducido por esos medios ilegítimos. Tales actuaciones irregulares de los gobernantes se suelen justificar moralmente por “Razones de Estado”, porque jurídicamente no son justificables, ya que el “terrorismo de Estado” se caracteriza por actuar “al margen de la ley”. Sí, los propios gobernantes deciden utilizar los recursos públicos (dinero, policía,…) de forma ilegal (y, obviamente, secreta), para lograr fines que, de forma legal y pública, o no se podrían alcanzar o se tardaría mucho más, ya que la Ley impide actuaciones como las que suelen utilizar: secuestro, asesinato, malversación de dinero público. Eso sí, amparándose en la justificación de que lo hacen “por el bien común”, porque so pretexto de erradicar males que afectan a todos luchan ilegalmente contra los causantes de ese mal.
El concepto de “terrorismo de Estado” no se puede entender bien si no se sabe que es el “Estado de Derecho”. Es la forma de gobernar un Estado en la que, no sólo todos sus miembros son iguales ante la Ley, sino, fundamentalmente, todos, incluidos los gobernantes, están obligados a cumplir la Ley. El “Estado de Derecho” se opone, por tanto, a los “estados tiránicos o despóticos”, en los que los gobernantes hacen y deshacen a su antojo, bien para cumplir sus propios deseos, bien porque desprecian a los ciudadanos y pretenden “hacerles el bien” pero sin contar con ellos (la famosa frase del Despotismo Ilustrado francés “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”).
En España, durante los años 1983 a 1987, según quedó probado en dos importantes sentencias del Tribunal Supremo, se practicó por parte de algunos miembros del Gobierno de la nación y del gobierno vasco, así como de la propia policía, el terrorismo de Estado so pretexto de luchar contra la banda terrorista ETA. El GAL (siglas de Grupos Antiterrorista de Liberación), realizó durante esa época actos como secuestros o asesinatos, pagando a los que los llevaban a cabo con dinero público. Los hechos se hicieron públicos durante la década de los 90, cuando, entre otros, el juez Baltasar Garzón, decidió investigar. Tras años de investigaciones, finalmente el Tribunal Supremo, en la sentencia nº 2/1998, condenó a varios miembros del Gobierno central español, a varios políticos vascos y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado por varios delitos de secuestro y malversación de fondos públicos. Cualquiera puede acceder directamente a las sentencias del caso “Marey” para conocer con más detalle los hechos.
El “caso GAL” generó gran alarma social y, según parece, fue la causa por la que el gobierno socialista, entonces liderado por Felipe González, perdió las elecciones de 1996 y éste dejó la política activa. Durante todos esos años se difundió la sospecha de que el Presidente del Gobierno estaba al corriente de la actuación de los GAL, pero nunca nadie pudo probar su conocimiento ni su participación. Los enfrentamientos entre la izquierda y la derecha en España se radicalizaron y el asunto fue intensamente tratado por los medios de comunicación. Aunque ahora tengamos algo más de perspectiva, sólo la historia colocará a cada cual en el lugar que le corresponde.
Para concluir, quisiera, no entrar a valorar los hechos (tarea difícil incluso para los expertos), sino poner sobre el papel el tema que ha de ser objeto de profunda reflexión: ¿Hay justificación moral para el terrorismo de Estado? ¿Para qué sirve el “Estado de Derecho” si se permite que quienes han de defenderlo y representarlo –los políticos- se lo salten aunque sea “con buenas intenciones”?
A la primera pregunta yo respondería que no. Creo, que si no hay justificación moral para el terrorismo, no debe haberla tampoco para el terrorismo anti-terrorismo. Considero que hay muchas maneras de parar al terrorismo y que la menos indicada es aplicar más violencia puesto que normalmente, si aplicamos más violencia, conociendo a los líderes terroristas, muy posiblemente esto les haría “enrabietar” y causar aún más violencia y con ella, más problemas.
Para algo existen el diálogo y las negociaciones a las cuales el terrorismo no se debería negar puesto que se supone que si hacen actos terroristas es para conseguir negociación. Es otro tema el si es correcto agradar los objetivos del terrorismo pero mejor que provocar un baño de sangre sin sentido, sin duda es mejor sentarse a hablar.
En cuanto a la segunda pregunta yo pienso que el Estado de Derecho es necesario que exista y que la gente tenga oportunidad de elegir a sus gobernantes y de opinar sobre sus decisiones. Por otra parte creo que si la gente que ha votado a ciertos políticos “permiten” que estos se salten el Estado de Derecho, es porque están de acuerdo con que esto sea así.
En cualquier caso, si existe la oportunidad de elegir a nuestros líderes, debemos elegir a aquellos que pensemos que van a respetar este Estado de Derecho y que desde nuestro punto de vista van a solventar los distintos problemas que se les puedan presentar durante su gobierno.
Garzón, uno de los jueces que estudió el caso hablando sobre sus investigaciones:
José Amedo, subcomisario de policía imputado en el caso Marey:
Un saludo, Jose Manuel.
Diego García Hernández
Jose Manuel Felices
javi garcia
Ecosolidaridad 
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