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El caso Garzón

El caso Garzón es un claro exponente de la posición de las dos tendencias políticas más importantes de nuestro país respecto a nuestro pasado mediato; es decir el régimen franquista. Mientras la derecha española sostiene que se trata de un periodo superado de forma pacífica a través de la llamada “”transición”, en la que intervinieron todas las fuerzas políticas democráticas, la izquierda sostiene de un tiempo a esta parte que es necesario un resarcimiento, no sólo ético, sino también jurídico de un sector de las víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939) y del régimen franquista.

En esta situación de debate político el Juez Garzón, que es magistrado de la Audiencia Nacional, decide investigar si durante el régimen franquista se cometieron delitos por algunos de los políticos que, en aquella época, estaban en el poder: en concreto, investigó quién había matado u ordenado matar a ciertas personas durante la Guerra Civil española; como supuestos de “crímenes contra la humanidad” o genocidio. Los medios de comunicación y los sectores sociales de “derechas” reaccionaron ante esta decisión de Garzón presentando contra él una querella por prevaricación.

Aclaremos conceptos: una querella es una denuncia razonada y motivada jurídicamente; el delito de prevaricación consiste, a grandes rasgos en dictar resoluciones judiciales a sabiendas de que las mismas, bien son injustas, bien son ilegales por no estar sujetas a la legislación vigente.

Hace unos días el Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite las querellas interpuestas contra el Juez Garzón por la asociación “Manos Limpias” y Falange Española y de las JONS. Eso significa que el TS da luz verde para que se investigue si el juez Garzón cometió un delito al investigar a los dirigentes políticos del franquismo; es decir, si actuó mal, contra la ley, al decidir investigar hechos ocurridos hace muchos años, en una época cuyas tensiones y sombras parecían olvidadas e, incluso, perdonadas tras la transición de España a la democracia.

Llegados a este punto se advierten varias cuestiones de interés:

–                          Que, a pesar del revuelo organizado desde una parte y otra del espectro político, lo que se está tratando es la admisión a trámite de una querella. Es decir: el Juez Garzón no ha sido condenado. Se admite a trámite la querella por indicios de que el querellado puede haber cometido el delito. Cuando el caso se haya instruido (es decir investigado con la participación entre otros de la defensa del Sr. Garzón), habrá que determinar si el proceso sigue adelante o no. En el supuesto de que siga el entonces y sólo entonces acusado podrá defenderse en un juicio, tras el cual, en caso de ser condenado, podría recurrir incluso hasta la instancia de los altos Tribunales Europeos.

–                          Que, es de ver hasta qué punto los medios de comunicación en este caso como en otros de manera irresponsable “arriman el ascua a su sardina” concediendo una trascendencia a unos hechos que quizá no tengan. Baste en este sentido un ejemplo: Un juzgado de instrucción de Murcia tramita al año una quinientas querellas. Salvo que se trate de personajes mediáticos (como es el caso) nadie se alarma. Es lógico, pues debe existir en la conciencia de la ciudadanía española la clara idea de que los tribunales son garantes esenciales del Estado de Derecho, fundado esencialmente en el principio de legalidad. Precisamente el concepto de que nadie, ni políticos, ni jueces, ni personalidades es ajeno al ministerio de la ley vigente debería alegrarnos; es éste sin duda uno de los signos de buna salud de la democracia. De todos modos, este afán de la prensa de exaltar estos hechos simplemente por ser de un personaje público y que puede causar polémica, deja entrever la intención de la prensa de vender a toda costa aunque sea mostrando de manera exaltada y polémica un hecho serio y que degrada la imagen de una persona. Creo, que en ese ámbito la prensa de nuestro país deja bastante que desear mirando más por sus intereses que por la verdadera información, que se supone, deberían dar.

–                          Del auto del Tribunal Supremo se desprende que en la actuación del Sr. Garzón puede haber indicios de delito, no que sea culpable del mismo y deba ser encerrado en una mazmorra medieval con una bola al tobillo. Tampoco se desprende que sea un sinvergüenza delincuente que deba ser expulsado de la carrera judicial, previo deshonor público. A este punto han llevado otros agentes sociales. El auto admite la necesidad de profundizar en la investigación de los hechos denunciados, para satisfacer precisamente la exigencia central del estado de derecho: nadie es inmune al imperio de la Ley y todos somos iguales ante ella.

–                          Por último, lo que cabe esperar es que prevalezca la Justicia, para lo cual es en mi opinión indispensable respetar la independencia de los jueces y no someterlos a la presión de “juicios paralelos”, tengan estos la forma de manifestaciones en uno otro sentido o de artículos de opinión sesgados de periodistas, que olvidan su deber de informar lo más objetivamente posible buscando polemizar y vender su periódico o su propia imagen para ir a programas televisivos (mass media, como hemos estudiado en Filosofía), y que además desconocen todo lo relacionado con el Derecho, técnica extremadamente compleja.

Todo ésto no ha dejado indiferente a nadie y en todo caso ha movilizado amplios grupos de personas bien a favor como en contra de Garzón como podemos ver tanto en la calle mediante manifestaciones como en múltiples grupos de facebook o tuenti:

A favor: http://www.facebook.com/pages/Un-MILLON-de-FIRMAS-para-APOYO-al-GRAN-JUEZ-BALTASAR-GARZON/497408220272

http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_13_63108094

En contra: http://www.facebook.com/group.php?gid=325684116807&ref=search&sid=1077716574.4147050651..1

Terrorismo de Estado: GAL

Podemos considerar “terrorismo de Estado” a la utilización ilegítima, por parte de los dirigentes de un país, del dinero público y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (policía, guardia civil, ejercito) para alcanzar objetivos o provocar comportamientos en la población civil, que no se alcanzarían fácilmente o no se cumplirían voluntariamente si no mediara el miedo o “terror” inducido por esos medios ilegítimos. Tales actuaciones irregulares de los gobernantes se suelen justificar moralmente por “Razones de Estado”, porque jurídicamente no son justificables, ya que el “terrorismo de Estado” se caracteriza por actuar “al margen de la ley”. Sí, los propios gobernantes deciden utilizar los recursos públicos (dinero, policía,…) de forma ilegal (y, obviamente, secreta), para lograr fines que, de forma legal y pública, o no se podrían alcanzar o se tardaría mucho más, ya que la Ley impide actuaciones como las que suelen utilizar: secuestro, asesinato, malversación de dinero público. Eso sí, amparándose en la justificación de que lo hacen “por el bien común”, porque so pretexto de erradicar males que afectan a todos luchan ilegalmente contra los causantes de ese mal.

 El concepto de “terrorismo de Estado” no se puede entender bien si no se sabe que es el “Estado de Derecho”. Es la forma de gobernar un Estado en la que, no sólo todos sus miembros son iguales ante la Ley, sino, fundamentalmente, todos, incluidos los gobernantes, están obligados a cumplir la Ley. El “Estado de Derecho” se opone, por tanto, a los “estados tiránicos o despóticos”, en los que los gobernantes hacen y deshacen a su antojo, bien para cumplir sus propios deseos, bien porque desprecian a los ciudadanos y pretenden “hacerles el bien” pero sin contar con ellos (la famosa frase del Despotismo Ilustrado francés “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”).

 En España, durante los años 1983 a 1987, según quedó probado en dos importantes sentencias del Tribunal Supremo, se practicó por parte de algunos miembros del Gobierno de la nación y del gobierno vasco, así como de la propia policía, el terrorismo de Estado so pretexto de luchar contra la banda terrorista ETA. El GAL (siglas de Grupos Antiterrorista de Liberación), realizó durante esa época actos como secuestros o asesinatos, pagando a los que los llevaban a cabo con dinero público. Los hechos se hicieron públicos durante la década de los 90, cuando, entre otros, el juez Baltasar Garzón, decidió investigar. Tras años de investigaciones, finalmente el Tribunal Supremo, en la sentencia nº 2/1998, condenó a varios miembros del Gobierno central español, a varios políticos vascos y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado por varios delitos de secuestro y malversación de fondos públicos. Cualquiera puede acceder directamente a las sentencias del caso “Marey”  para conocer con más detalle los hechos.

 El “caso GAL” generó gran alarma social y, según parece, fue la causa por la que el gobierno socialista, entonces liderado por Felipe González, perdió las elecciones de 1996 y éste dejó la política activa. Durante todos esos años se difundió la sospecha de que el Presidente del Gobierno estaba al corriente de la actuación de los GAL, pero nunca nadie pudo probar su conocimiento ni su participación. Los enfrentamientos entre la izquierda y la derecha en España se radicalizaron y el asunto fue intensamente tratado por los medios de comunicación. Aunque ahora tengamos algo más de perspectiva, sólo la historia colocará a cada cual en el lugar que le corresponde.

 Para concluir, quisiera, no entrar a valorar los hechos (tarea difícil incluso para los expertos), sino poner sobre el papel el tema que ha de ser objeto de profunda reflexión:  ¿Hay justificación moral para el terrorismo de Estado? ¿Para qué sirve el “Estado de Derecho” si se permite que quienes han de defenderlo y representarlo –los políticos- se lo salten aunque sea “con buenas intenciones”?

 A la primera pregunta yo respondería que no. Creo, que si no hay justificación moral para el terrorismo, no debe haberla tampoco para el terrorismo anti-terrorismo. Considero que hay muchas maneras de parar al terrorismo y que la menos indicada es aplicar más violencia puesto que normalmente, si aplicamos más violencia, conociendo a los líderes terroristas, muy posiblemente esto les haría “enrabietar” y causar aún más violencia y con ella, más problemas.

Para algo existen el diálogo y las negociaciones a las cuales el terrorismo no se debería negar puesto que se supone que si hacen actos terroristas es para conseguir negociación. Es otro tema el si es correcto agradar los objetivos del terrorismo pero mejor que provocar un baño de sangre sin sentido, sin duda es mejor sentarse a hablar.

 En cuanto a la segunda pregunta yo pienso que el Estado de Derecho es necesario que exista y que la gente tenga oportunidad de elegir a sus gobernantes y de opinar sobre sus decisiones. Por otra parte creo que si la gente que ha votado a ciertos políticos “permiten” que estos se salten el Estado de Derecho, es porque están de acuerdo con que esto sea así.

En cualquier caso, si existe la oportunidad de elegir a nuestros líderes, debemos elegir a aquellos que pensemos que van a respetar este Estado de Derecho y que desde nuestro punto de vista van a solventar los distintos problemas que se les puedan presentar durante su gobierno.

Garzón, uno de los jueces que estudió el caso hablando sobre sus investigaciones:

Garzón: GAL

 José Amedo, subcomisario de policía imputado en el caso Marey:

José Amedo

Un saludo, Jose Manuel.

Política

Bienvenidos.

En este apartado del blog se tratarán temas y artículos de índole política bien actuales o pasados.

Cada tema será estructurado poniendo al principio la noticia objetiva con los hechos que han sucedido y aportando los datos que se tengan acerca del desarrollo del suceso para después hacer una crítica sobre la noticia y sobre las distintas actitudes que la sociedad toma ante ésta para acabar dando una opinión propia o conclusión acerca de lo expuesto.

El objetivo, por tanto, de este blog es poner en común estos distintos sucesos de interés político que se dan (o se han dado) en nuestra sociedad para poder compartir opiniones acerca de ellos.

No se aceptarán comentarios irrespetuosos o salidos de tono. Sí se aceptarán por supuesto comentarios con opinión distinta a la dada, siempre y cuando se haga con respeto y educación.

Un saludo,  Jose Manuel.