El caso Garzón

El caso Garzón es un claro exponente de la posición de las dos tendencias políticas más importantes de nuestro país respecto a nuestro pasado mediato; es decir el régimen franquista. Mientras la derecha española sostiene que se trata de un periodo superado de forma pacífica a través de la llamada “”transición”, en la que intervinieron todas las fuerzas políticas democráticas, la izquierda sostiene de un tiempo a esta parte que es necesario un resarcimiento, no sólo ético, sino también jurídico de un sector de las víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939) y del régimen franquista.

En esta situación de debate político el Juez Garzón, que es magistrado de la Audiencia Nacional, decide investigar si durante el régimen franquista se cometieron delitos por algunos de los políticos que, en aquella época, estaban en el poder: en concreto, investigó quién había matado u ordenado matar a ciertas personas durante la Guerra Civil española; como supuestos de “crímenes contra la humanidad” o genocidio. Los medios de comunicación y los sectores sociales de “derechas” reaccionaron ante esta decisión de Garzón presentando contra él una querella por prevaricación.

Aclaremos conceptos: una querella es una denuncia razonada y motivada jurídicamente; el delito de prevaricación consiste, a grandes rasgos en dictar resoluciones judiciales a sabiendas de que las mismas, bien son injustas, bien son ilegales por no estar sujetas a la legislación vigente.

Hace unos días el Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite las querellas interpuestas contra el Juez Garzón por la asociación “Manos Limpias” y Falange Española y de las JONS. Eso significa que el TS da luz verde para que se investigue si el juez Garzón cometió un delito al investigar a los dirigentes políticos del franquismo; es decir, si actuó mal, contra la ley, al decidir investigar hechos ocurridos hace muchos años, en una época cuyas tensiones y sombras parecían olvidadas e, incluso, perdonadas tras la transición de España a la democracia.

Llegados a este punto se advierten varias cuestiones de interés:

–                          Que, a pesar del revuelo organizado desde una parte y otra del espectro político, lo que se está tratando es la admisión a trámite de una querella. Es decir: el Juez Garzón no ha sido condenado. Se admite a trámite la querella por indicios de que el querellado puede haber cometido el delito. Cuando el caso se haya instruido (es decir investigado con la participación entre otros de la defensa del Sr. Garzón), habrá que determinar si el proceso sigue adelante o no. En el supuesto de que siga el entonces y sólo entonces acusado podrá defenderse en un juicio, tras el cual, en caso de ser condenado, podría recurrir incluso hasta la instancia de los altos Tribunales Europeos.

–                          Que, es de ver hasta qué punto los medios de comunicación en este caso como en otros de manera irresponsable “arriman el ascua a su sardina” concediendo una trascendencia a unos hechos que quizá no tengan. Baste en este sentido un ejemplo: Un juzgado de instrucción de Murcia tramita al año una quinientas querellas. Salvo que se trate de personajes mediáticos (como es el caso) nadie se alarma. Es lógico, pues debe existir en la conciencia de la ciudadanía española la clara idea de que los tribunales son garantes esenciales del Estado de Derecho, fundado esencialmente en el principio de legalidad. Precisamente el concepto de que nadie, ni políticos, ni jueces, ni personalidades es ajeno al ministerio de la ley vigente debería alegrarnos; es éste sin duda uno de los signos de buna salud de la democracia. De todos modos, este afán de la prensa de exaltar estos hechos simplemente por ser de un personaje público y que puede causar polémica, deja entrever la intención de la prensa de vender a toda costa aunque sea mostrando de manera exaltada y polémica un hecho serio y que degrada la imagen de una persona. Creo, que en ese ámbito la prensa de nuestro país deja bastante que desear mirando más por sus intereses que por la verdadera información, que se supone, deberían dar.

–                          Del auto del Tribunal Supremo se desprende que en la actuación del Sr. Garzón puede haber indicios de delito, no que sea culpable del mismo y deba ser encerrado en una mazmorra medieval con una bola al tobillo. Tampoco se desprende que sea un sinvergüenza delincuente que deba ser expulsado de la carrera judicial, previo deshonor público. A este punto han llevado otros agentes sociales. El auto admite la necesidad de profundizar en la investigación de los hechos denunciados, para satisfacer precisamente la exigencia central del estado de derecho: nadie es inmune al imperio de la Ley y todos somos iguales ante ella.

–                          Por último, lo que cabe esperar es que prevalezca la Justicia, para lo cual es en mi opinión indispensable respetar la independencia de los jueces y no someterlos a la presión de “juicios paralelos”, tengan estos la forma de manifestaciones en uno otro sentido o de artículos de opinión sesgados de periodistas, que olvidan su deber de informar lo más objetivamente posible buscando polemizar y vender su periódico o su propia imagen para ir a programas televisivos (mass media, como hemos estudiado en Filosofía), y que además desconocen todo lo relacionado con el Derecho, técnica extremadamente compleja.

Todo ésto no ha dejado indiferente a nadie y en todo caso ha movilizado amplios grupos de personas bien a favor como en contra de Garzón como podemos ver tanto en la calle mediante manifestaciones como en múltiples grupos de facebook o tuenti:

A favor: http://www.facebook.com/pages/Un-MILLON-de-FIRMAS-para-APOYO-al-GRAN-JUEZ-BALTASAR-GARZON/497408220272

http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_13_63108094

En contra: http://www.facebook.com/group.php?gid=325684116807&ref=search&sid=1077716574.4147050651..1

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